RAMÓN LUIS VALCÁRCEL Y LA DESALADORA DE ESCOMBRERAS
El expresidente se acogió a ese derecho, por lo que han quedado unidas a las actuaciones por escrito
Efe 22.06.2020 La Opinión
La acción popular en la pieza separada del caso de la desalinizadora de Escombreras contra el expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel quiso formularle 11 preguntas, pero este se acogió a su derecho a no responderlas, por lo que han quedado unidas a las actuaciones por escrito, según ha sabido Efe.
El también exvicepresidente del Parlamento Europeo no contestó al interrogatorio que el pasado viernes quiso realizarle el letrado de esa acusación, Diego de Ramón, que quería saber si conocía la existencia de proyectos urbanísticos para construir 300.000 viviendas que serían dotadas con agua de aquella planta.
También si conoció a Florentino Pérez, presidente del grupo ACS, por el interés de este en construir la desalinizadora y si había entrado en contacto con representantes de una de sus sociedades sin contar previamente con los informes de los servicios jurídicos ni de la Consejería de Agricultura y Agua.
Valcárcel no contestó tampoco si requirió un informe sobre el proyecto al interventor general de la comunidad entonces, Eduardo Garro, que declarará este martes como testigo en esta causa, ni si no consultó con el entonces consejero del ramo Antonio Cerdá sobre la viabilidad del proyecto.
Tampoco si la creación del Ente Público del Agua tenía como finalidad conseguir el agua que se precisaba para los desarrollos urbanísticos proyectados y que la Confederación Hidrográfica del Segura no aprobaba por la falta de recursos hídricos ni si se decidió contratar el proyecto con ACS y adjudicarlo sin publicidad. .
Finalmente, la acción popular quedó sin saber si conoció las actuaciones llevadas a cabo para conseguir que un proyecto nacido desde la iniciativa privada fuese asumido por el Gobierno autonómico con fondos públicos y con grave quebranto para estos presuntamente.
Valcárcel insiste en que no conoció hasta 2013 que la planta costaba 600 millones
«Fuimos a ver a Florentino y nos dijo que no quería ganar nada, pero tampoco perder dinero», declaró el expresidente ante la juez
EFE. Murcia. Martes, 23 junio 2020. La Verdad.
La desalinizadora de Escombreras era un proyecto interesante para la Region «tras haberse cercenado el Plan Hidrológico Nacional y suprimido el trasvase del Ebro». Así lo declaró el pasado viernes el expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel, en su declaración como investigado en el llamado 'caso La Sal II', que investiga una presunta malversación multimillonaria en la construcción, explotación y adquisición por la Comunidad Autónoma de la desalinizadora de Escombreras.
Sus declaraciones se conocieron ayer al ser notificadas a las partes personadas en este proceso, que investiga al exvicepresidente del Parlamento Europeo como presunto autor de delitos de prevaricación, malversación, fraude y fraude de subvenciones.
El antiguo alto cargo popular insistió varias veces en que una de sus máximas preocupaciones en sus años de gobierno (1995-2014) fue combatir el déficit hídrico de Murcia.
A preguntas de la magistrada Ana Isabel Navarro Prieto, señaló que con la supresión del trasvase del Ebro se vinieron abajo las expectativas generadas y los alcaldes de la Región acudieron a él para buscar soluciones a la falta de agua. Explicó que la desalinizadora no era un proyecto suyo, sino del Consejo de Gobierno, «en el que se debatían las propuestas de cada consejería, se analizaba su viabilidad y luego se decidía».
«No estábamos de acuerdo»
Reveló que supo en fecha muy tardía, ya en noviembre de 2013, de la cláusula que obligaba al Gobierno murciano a pagar de golpe los 600 millones de euros, fijados en el contrato de explotación de la planta, si se dejaba de pagar un solo plazo. «Me lo comentó el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, y decidimos ir a ver a Florentino Pérez, presidente de ACS, constructor de la planta, para decirle que no podía ser, que no estábamos de acuerdo».
«Nos dijo -añadió- que no pretendía ganar ni un euro con la planta, pero tampoco perderlo, por lo que estaba dispuesto a venderla al Gobierno de Murcia a precio de coste, que concretaría con sus asesores jurídicos y financieros».
Al responder a las preguntas de la Fiscalía comentó que «los hechos demuestran que no hubo omisión al respecto, sino todo lo contrario: hubo acción, y encaminada a buscar la mejor solución posible para los intereses regionales».
También sostuvo que ningún servicio jurídico ni de Intervención le advirtió de posible irregularidad al crear el Ente Público del Agua (EPA). Según la Fiscalía, el objetivo de este órgano era burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que por entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por la escasez estructural en la cuenca. El EPA fue el que emitió esos informes favorables a 26 proyectos que pretendían construir 180 millones de metros cuadrados.
Valcárcel dijo que la desalinizadora, con ser importante, solo suponía el 0,4% del presupuesto regional anual. «Y si nadie nos advirtió de que las cosas se estuvieran haciendo mal, ¿por qué iba yo a verme en la necesidad de solicitar un informe jurídico o de Intervención?», se preguntó.
Llegó al punto de señalar que «me considero una víctima por no haber recibido la información que los servicios que estaban obligados a ello debían habernos facilitado». Y recalcó que no asistió a ninguna reunión del consejo de administración del EPA y que ninguna de sus sesiones se hizo en el Palacio de San Esteban.
Garro reconoce estar «dolido» por las dudas sembradas por Valcárcel sobre la Intervención General de la Comunidad
Afirma que este servicio «hizo lo que tenía que hacer y cuando lo tenía que hacer» en referencia a sus informes sobre la desaladora de Escombreras
RICARDO FERNÁNDEZ. Martes, 23 junio 2020. La Verdad.
«Me han dolido». Eduardo José Garro, quien durante años estuvo al frente de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, reconoció en la mañana de este martes sentirse afectado por las dudas que elexpresidente murciano Ramón Luis Valcárcel sembró el pasado viernes, durante su declaración como investigado en el caso de la desaladora de Escombreras, acerca del funcionamiento de ese órgano fiscalizador. Garro añadió que se siente dolido no tanto por su persona, que también, sino fundamentalmente por lo que afecta a los funcionarios de la Intervención General, cuya profesionalidad y buen hacer ha defendido. Y en esa línea indicó que el propio Valcárcel debe de conocer bien cómo trabajan esos empleados públicos.
El alto funcionario de la Administración regional hizo estas declaraciones antes de entrar en las dependencias de la Ciudad de la Justicia, donde estaba citado para prestar declaración en calidad de testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, Ana María Navarro Prieto. Esta magistrada trata de esclarecer las posibles responsabilidades penales en las que habría incurrido Ramón Luis Valcárcel en el proceso de construcción, adquisición y explotación de esa planta desalinizadora, que fue iniciada por un grupo de empresarios privados y el Grupo ACS y acabó siendo comprada por la Comunidad en unas condiciones «leoninas», según la Fiscalía.
Un informe lo cambió todo
Fue precisamente un informe de la Intervención General el que abrió en su día la caja de los truenos y la vía de las posibles exigencias contables y penales a altos cargos de la Comunidad Autónoma, al ponerse de manifiesto que se habría soslayado la legislación en materia de contratos públicos y que se habría prescindido de los obligados controles en el proceso de asunción de la desaladora por parte de la Administración regional.
«La Intervención hizo lo que tenía que hacer y cuando lo tuvo que hacer», añadió Garro al ser preguntado por LA VERDAD sobre las consideraciones efectuadas por el expresidente murciano, quien llegó a sostener que los informes advirtiendo de posibles ilegalidades tenían que haber surgido de los Servicios Jurídicos y de la propia Intervención, de oficio, y que el Consejo de Gobierno no era, en ningún caso, el que debía requerirlos.
Sobre la posibilidad de que el expresidente Valcárcel considerara responsable a la Intervención General del hecho de que se hayan abierto diligencias penales, así como de que él mismo haya acabado viéndose imputado, Garro se limitó a señalar que «cada cual tiene que asumir sus responsabilidades». Además, puntualizó, «no solo hicimos un informe; fueron varios informes».
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