POR LA DEMOCRACIA, CONTRA LA CORRUPCIÓN

Ante las nuevas informaciones que se vienen publicando sobre actuaciones corruptas presuntamente realizadas por distintos ayuntamientos de Murcia, la Coordinadora la Región de Murcia No se Vende, desea hacer público lo siguiente:

1º Por desgracia, los datos que se van conociendo sobre los distintos procedimientos judiciales por corrupción, no hacen sino confirmar las denuncias que desde esta Coordinadora hemos venido haciendo durante los últimos años: La Región de Murcia es una “gran Marbella”, en la que lo extraordinario va a ser encontrar algún ayuntamiento donde no haya alguien imputado/procesado por corrupción. Situación que, lógicamente, ya empieza a salpicar directamente a diputados y miembros del Gobierno regional.

2º Desde una posición ética y democrática de la gestión pública, esta Coordinadora entiende que a quienes se brindan para gestionar miles de millones de euros públicos, y resultan elegidos por la ciudadanía, no les cabe en modo alguno implorar el principio de presunción de inocencia* como si fueran ciudadanos de a pie, ya que gozan de privilegios que nos son negados al resto. En consecuencia, exigimos la dimisión inmediata de todos los imputados, y, en caso contrario, a los partidos que los pusieron en sus listas que los aparten de sus grupos municipales y de cualquier responsabilidad de gobierno que puedan tener.

3º Consideramos a los partidos políticos responsables subsidiarios de la gestión de sus cargos públicos, ya que son los partidos los que colocan sus nombres en listas cerradas, y los que, por tanto, deciden quiénes y en qué orden resultan o no elegidos. Ello a pesar de que estos días hemos conocido que algunas de estas listas las ha aprobado un conocido constructor, imputado por corruptor, estando los ediles a su servicio y no al de la ciudadanía. En este sentido, conviene recordar la entrevista que en su día concedió al diario La Verdad en la que amenazaba gravemente al Presidente Valcárcel.

4º Seguimos considerando el modelo de desarrollo impuesto por el Gobierno Regional, basado principalmente en la construcción, como el principal responsable de la corrupción, así como de la crisis actual del sector inmobiliario y del aumento del paro que se está produciendo; por lo que exigimos la derogación de la Ley del Suelo, de las Directrices del Litoral y de la Orden de 12/11/07 de la Consejería cuyo consejero también aparece en las conversaciones grabadas por la Guardia Civil. Exigimos, igualmente, la revisión de los convenios urbanísticos aprobados bajo dicho marco jurídico favorecedor de la corrupción.

5º Exigimos una reforma del Código Penal que modifique la prevaricación, haciendo que sea también delito la omisión de las obligaciones de los cargos públicos, endureciendo sensiblemente las penas de todos los tipos de delitos cometidos por cargos públicos, para que, como ahora sucede con los condenados por narcotráfico, cuyo patrimonio se incauta y se destina al Proyecto Hombre, el patrimonio acumulado por los condenados por delitos de corrupción, sea también incautado y destinado bien sea a reparar los daños medioambientales ocasionados por la actividad corrupta, o a proyectos ecológicos, sociales y culturales en los municipios afectados.

6º Apoyamos la actuación de las Fuerzas de Seguridad, de la Fiscalía, de la Judicatura y de la sociedad civil que lucha contra la corrupción, y esperamos que su trabajo y su compromiso continúe, porque aún quedan muchos casos por terminar y por descubrir.

7º Invitamos a la ciudadanía a despertar y a expresar su rechazo a la corrupción y a los corruptos, y a participar activamente en cuantas movilizaciones se convoquen contra la corrupción gobierne quien gobierne. La corrupción degrada la Democracia, la injusticia social y perjudica la economía.

Murcia, 6 de febrero de 2008

(*) Entiéndase ante la ciudadanía, con el objetivo de permanecer en sus cargos cuando ya han sido imputados o procesados; por supuesto, sí deben invocarlo ante los jueces para un proceso judicial/penal justo.