ANTE LAS NUEVAS ACTUACIONES DE LA JUSTICIA ANTICORRUPCIÓN

La Coordinadora la Región de Murcia No se Vende, ante las nuevas actuaciones de la Justicia anti-corrupción en nuestra región, centradas ahora en Los Alcázares, consideramos que:

1º Como hemos venido reiterando desde nuestro nacimiento, estas corrupciones (y las que quedan por descubrir) son fruto del modelo económico impuesto por el Gobierno regional basado en el monocultivo del ladrillo, y han encontrado el marco idóneo para producirse en la ley regional del suelo, y en la utilización sistemática de la figura del convenio urbanístico.

2º Con independencia de las diferentes formas de reaccionar de los partidos políticos con cargos implicados en los casos de corrupción, estos son responsables de incluir en sus listas a personas, o bien susceptibles de venderse, o bien ya imputadas judicialmente, lo que les convierte en políticamente responsables (cuando menos) de lo que sus cargos públicos hacen, para lo bueno y para lo malo, por lo que les exigimos mejores y más democráticos métodos de elección de sus candidat@s. Exigimos a los partidos con imputados dimisión/expulsión inmediata de todos los alcaldes, concejales y diputados imputados en casos de corrupción.

3º Para que no nos confundan, llamamos a la ciudadanía a organizarse contra la corrupción, a expresar públicamente su desprecio y rechazo a estas actuaciones. También exigimos mecanismos de participación y control democráticos en los ayuntamientos para dificultar la acción de los corruptos.

4º Exigimos al Gobierno regional la derogación inmediata de la Ley Regional del Suelo, las Directrices del Litoral y la Orden de 12 de noviembre de 2007 de de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, que desarrolla la Ley 9/2006, sobre Evaluación Ambiental Estratégica por considerarlos el marco jurídico idóneo para la corrupción urbanística que asola nuestra región.

5º Celebramos la acción de la Justicia, aunque lamentamos que, con su retraso, gran parte de los daños medioambientales generados por la corrupción, son ya irreversibles. En este sentido, exigimos que, al igual que sucede con los condenados por narcotráfico, el patrimonio de los condenados por corrupción urbanística se destine, en la medida que sea posible, a restaurar el medio ambiente dañado con sus actuaciones, y en lo que no sea posible restaurar, se destine dicho patrimonio para actuaciones de mejora medioambiental, cultural o social de las localidades afectadas. La corrupción debe dejar de ser rentable, social y económicamente.

¡Quien no está en venta no pude ser comprado!

Murcia, 18 de enero de 2008
LA REGIÓN DE MURCIA NO SE VENDE