LA BERLUSCONIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE BIENES CULTURALES EN MURCIA

Juan-Miguel Margalef
Exdirector de cultura, directivo de ADEPA y miembro del Foro ciudadano de la Región de Murcia.

Los recientes conflictos surgidos en torno a la conservación de bienes culturales en Murcia, parking de San Esteban; en Cartagena, puerta del CIM; y en Lorca, construcción de un parador en pleno castillo, ponen de manifiesto los efectos de una política cultural que se ha venido practicando en la Región de Murcia en los últimos 15 años. Política que afortunadamente está empezando a chocar con una ciudadanía que aprecia y valora los bienes culturales cada vez más.
En todos los casos sorprende y escandaliza la actitud de las administraciones regional y local que, en lugar de ser garantes de una intervención seria e imparcial, como sería de desear, jalean la demolición y el desmonte de los restos, restándole importancia a los hallazgos y actuando muchas veces en defensa de intereses privados y en perjuicio de todos los murcianos, en definitiva; porque el patrimonio histórico es un bien público consagrado en la Constitución.

En el caso del Parking de San Esteban está clarísimo que la conservación de los restos choca frontalmente con los intereses de quienes promueven ese parking y de un ayuntamiento que lo ha alentado a pesar de la notoriedad de los eventuales restos arqueológicos. En Cartagena la única “razón de peso” que existe para demoler la antigua puerta del Cuartel de instrucción es que no hay dinero para restaurarla. Lo cual clama al cielo cuando se acaban de perder 600.000 euros de subvenciones estatales por falta de proyectos para la Catedral vieja y el anfiteatro. En el caso del Castillo de Lorca y de la eufemística y cínica “reubicación” del palacete Ponce, de Murcia, también se ha beneficiado descaradamente intereses privados. En Cartagena se ha beneficiado claramente a los particulares en el edificio Cónsul (junto a la Universidad); en las “Casas de los Catalanes”, ambos edificios protegidos con grado 3 en el plan especial ; en el proyecto de los “Portales de la lonja”, donde se han autorizado nueve plantas junto al Monte sacro; en Santa Lucia donde se quiere construir una barrera, también de nueve plantas, entre el mar y el barrio; y en el edificio Llagostera, en plena calle mayor, que se quiere vaciar enteramente para construir un parking.
Todas estas actuaciones son consecuencia de varios factores directos imputables claramente a decisiones políticas y a otras causas de orden general.
Los factores políticos son: a) la transferencia de la responsabilidad de la gestión del patrimonio histórico a los ayuntamientos, que la supeditan a la gestión urbanística pura y dura; b) la subordinación de la Dirección General de Cultura, hoy de Bellas Artes, máximo órgano responsable de la protección del patrimonio histórico en la región, a los ayuntamientos; c) la subordinación de los técnicos de patrimonio a los políticos; d) la supresión del Consejo asesor de patrimonio histórico, incumpliendo la ley elaborada por el propio Partido Popular; e) la política de organismos consultivos; y e) la vergonzosa ley de patrimonio cultural de la Región de Murcia, que somete los bienes culturales al régimen común de ruina y declara abolida la diferencia entre bienes muebles e inmuebles, consagrando la movilidad de los segundos en contra de todo sentido común, para dejar las manos libres a las administraciones regional y local.

Inconsecuentemente con estas decisiones de carácter político que acabo de enumerar, que son claramente constatables, el Partido Popular convierte cualquier discrepancia técnica o de opinión en temas de Patrimonio histórico en causa de guerra política y acaba siempre por sostener sus posiciones iniciales aunque sean equivocadas para no perder la escaramuza de turno.
Todo ello nos lleva a una situación absurda y claramente perjudicial para los bienes patrimoniales de la región de Murcia. Como no existen los medios para elaborar criterios de actuación científicos e imparciales porque los organismos consultivos o no existen, como es el caso del Consejo Asesor de Patrimonio; o no tienen los cauces para expresarse; o están maniatados; o son claramente clientelares, como la Academia de Bellas Artes; no acabamos de tener nunca una referencia clara que permita a los gobernantes tomar las decisiones más adecuadas y a los ciudadanos saber que lo son.
En el fondo de todo subyace una falta de convicción del partido gobernante en la región en la Constitución y en la ley 16/85 del patrimonio histórico español y en especial en lo que se refiere a la conservación de todo patrimonio que no sea monumental. En la Región de Murcia se ha llevado a cabo restauraciones y puestas en valor de monumentos importantísimas en los últimos años pero también se han perpetrado agresiones gravísimas a las que se debería poner coto.
La opinión pública es perfectamente consciente de esta situación y los políticos deberían tomar nota y ponerse manos a la obra. Los ayuntamientos no tienen los medios técnicos especializados que se precisan para actuar en bienes patrimoniales, ni el “distanciamiento urbanístico” necesario para intervenir imparcialmente. Es absolutamente necesario que el PP cumpla la promesa política de crear un Consejo Asesor de Patrimonio regional riguroso e independiente que vertebre a las organismos consultivos; que devuelva a la Dirección General de Bellas Artes la autoridad que le corresponde según los decretos de transferencias, el estatuto regional y la Constitución española; y que se cambie la Ley de patrimonio regional.

San Esteban, una oportunidad para construir la Murcia cultural
Esther Herguedas Aparicio
Portavoz de Izquierda Unida+Los Verdes en el Ayuntamiento de Murcia

Los impresionantes hallazgos arqueológicos de San Esteban se han convertido en un elemento incómodo en el modelo de “Murcia del progreso” del alcalde Miguel Ángel Cámara. No lo tenía fácil el equipo de gobierno del PP para tomar una decisión sobre todo cuando tantas voces, entre ellas algunas bastante autorizadas, reclamaran su conservación por tratarse de una oportunidad única en nuestro municipio y hasta en nuestro país de contar con un entramado urbano árabe medieval de estas dimensiones

A lo largo de esta semana hemos estado a la espera del pronunciamiento de la Consejería de Cultura, sabiendo que su decisión y la del Ayuntamiento, aunque encubierta como técnica, era fundamentalmente política. Lo que se decidía no era si los restos eran valiosos o no, este tenía pocas dudas, sino si finalmente se impondrían los intereses económicos de los particulares que tienen sobre el lugar expectativas urbanísticas y que han contado desde el principio con el apoyo incondicional del alcalde Cámara o si por el contrario prevalecería el Derecho de la ciudadanía a recuperar y conservar una parte irrenunciable de su patrimonio histórico y cultural.

La solución de trasladar los restos se mantiene en la tónica de la política del PP que consiste en crear una apariencia de defensa del patrimonio, sostenibilidad, ecologismo, planificación y hasta democracia participativa para encubrir sus actitudes políticas de siempre. Así nos venden vías ciclables por carriles bicis, arrancan árboles en zonas urbanas y hacen campañas de plantación en rincones lejanos, afirman su compromiso contra el cambio climático mientras potencian el uso del vehículo privado.... ¡Con esta última maniobra hasta pretenden hacernos creer que el aparcamiento es bueno para la mejor conservación de los restos!.

Como destruir los restos por la vía de la pala no parecía muy publicitable, el Alcalde Cámara ha optado por destruir los restos por el procedimiento del desmonte. Esta opción había sido rechazada por los expertos. Citemos como ejemplo las afirmaciones que el pasado 18 de noviembre vertió Julio Navarro, tal vez una de las voces más autorizadas en el ámbito de la arqueología islámica, refiriéndose al traslado “No tiene ni pies ni cabeza. Todo lo que sea desmontar es destruir, teniendo en cuenta los materiales de los restos hallados”.

Las excavaciones arqueológicas han dejado al descubierto los cimientos de la Murcia que fue, regalándonos una imagen de la ciudad hasta ahora perdida. Nadie, ni los más optimistas, esperaban encontrar bajo tierra grandes tesoros artísticos en perfecto estado de conservación, pero siendo esto cierto, también lo es que lo encontrado ha sorprendido a propios y extraños y que posiblemente sea lo máximo a lo que los murcianos podemos aspirar en cuanto a recuperación de nuestro pasado medieval.

La aparición de estos restos podría ser una oportunidad única para la reactivación de la vida cultural del municipio que muchos reclamamos y que debería de empezar por el reconocimiento, estudio y valoración de nuestro pasado y tradiciones superando el modelo lúdico-costumbrista imperante que de la Huerta sólo se queda con el Bando y de la tradición medieval con los desfiles de moros y cristianos. Una oportunidad para repensar Murcia en clave cultural, ecológica y patrimonial, abriendo el debate ciudadano sobre la manera en que nuestro pasado puede conservarse y ponerse en valor con fines didácticos pero también turísticos y convertirse en un activo económico a medio y largo plazo.

Lo contrario, la destrucción de los restos, constituiría una nueva sublimación de la ignorancia y la paletez institucional con la que Miguel Ángel Cámara sin duda se ganaría el mismo puesto en la historia del municipio que aquel alcalde, Domingo de la Villa, que en el año 53 acabó con los baños árabes. Curiosos bagaje para quien pretende convertir a Murcia en Capital Cultural Europea en el 2016.
Murcia 20-XI -09