MANIFIESTO POR UNA DEMOCRACIA DEL TERRITORIO

Y 85 MEDIDAS CONTRA LA ESPECULACIÓN, LA CORRUPCIÓN, LOS ABUSOS URBANÍSTICOS, LA DESTRUCCIÓN TERRITORIAL Y POR UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO DE LA COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO
(Versión completa, ver resumida aquí: www.nosevende.org)

Desde la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, integrada por
más de 600 colectivos de todo el Estado español, denunciamos que:
Nos encontramos ante un hecho histórico: nunca en la historia europea se
había producido una ocupación del suelo tan extrema por sus dimensiones y su
impacto como la que tiene lugar actualmente en todo el territorio español. Se
trata del mayor expolio social, medioambiental y cultural de la historia
europea. España está sometida a un desorden territorial sin precedentes, es
uno de los países desarrollado que peor gestiona su territorio, con una
ausencia total de cultura del territorio y un estado de excepción en política
urbanística que se basa en el beneficio económico desmesurado y
cortoplacista de quienes promueven la construcción. Podemos decir que
España es Marbella: Marbella es el paradigma de la situación que afecta a
todo el territorio y del déficit democrático del país. Las distintas
administraciones autonómicas, en lugar de actuar regulando y recortando los
crecimientos desmesurados de cada municipio tienden a legitimarlos,
careciendo el territorio de una ordenación mínima que permita una
sostenibilidad medioambiental, una estructuración social y una administración
global de los recursos.

Tal como desvelan numerosos informes oficiales (en particular mencionamos el
Informe de Cambios de Ocupación del Suelo del OSE de 2006) en España se
consume más cemento y se construye más que en el Reino Unido, Francia y
Alemania juntos y la mitad que en EEUU. En 2005 se construyeron en España
más de 800.000 viviendas y en 2006 ha llegado a las 900.000, consumiendo
cada año la superficie equivalente a 50.000 campos de fútbol. Desde 2000 se
han construido 4 millones de casas. Actualmente, según nuestros cálculos, en
España hay suelo recalificado y comprometido para construir cerca de 20
millones de viviendas, que duplicarían el parque inmobiliario español y aun
así se está recalificando suelo para otras 20 millones de viviendas que
triplicarían el número de viviendas en nuestro país. Aun teniendo en cuenta los
recientes efectos de la crisis en el sector inmobiliario el numero de viviendas
que se construyen sigue siendo desaforada, pudiendo estancarse en cerca de
7 millones cada 10 años. Todo ello en un país con 3 millones de viviendas
vacías, a las que se suman cientos de miles de viviendas ilegales, y con una
precariedad generalizada de recursos, en particular del AGUA, que hacen
inviables la mayor parte de los desarrollos previstos. El problema afecta a todo
el territorio, damos a continuación algunas cifras de previsión de desarrollo de
zonas especialmente castigadas: la Comunidad de Madrid (más de dos
millones de viviendas previstas), La Comunidad Valenciana (más de un millón),
Murcia (más de 800.000), Almería (cerca de dos millones), Málaga (más de un
millón), la costa gallega (650.000), sin olvidar el resto de comunidades
autónomas, de la costa, el interior y la islas. Por todo ello concluimos que:
La cuestión urbanística es el problema más grave del Estado Español:
Uno de los mayores problemas sociales:
El actual crecimiento urbanístico profundiza las diferencias en la estructura
social, acentuando viejas y nuevas desigualdades. El modelo inmobiliario
español extrema la división económica y social del espacio, favoreciendo los
procesos de segregación y produciendo una desestructuración territorial que,
finalmente, se traduce en un empeoramiento ostensible de las condiciones de
vida. El modelo territorial que se está configurando es de crecimiento difuso y
fragmentado y genera una enorme necesidad de movilidad motorizada privada.
Se generan modelos urbanos antisociales, con la proliferación de enormes
ciudades-urbanización, con un modelo de elevado consumo de recursos, que al
tiempo que destruyen el paisaje y el medio natural generan tejidos urbanos
desmembrados y hacen desaparecer el espacio público, dejando como única
alterativa los centros comerciales y de ocio y el consumo privado. La
especulación urbanística ha convertido una parte importante del territorio
español en un ámbito privilegiado de actuación de las mafias internacionales.
Por otro lado, las características urbanísticas de muchos de los nuevos
desarrollos, auténticas ciudades fantasma de segunda residencia faltos de
equipamientos y servicios, favorecen la aparición de nuevas formas de
inseguridad ciudadana, cada vez más frecuentemente combatida con
inquietantes políticas de seguridad que buscan convertir a cada vecino en un
policía.
El deterioro de la calidad de vida llega a afectar a la salud pública, dado
el estado tercermundista de saturación del saneamiento y la proliferación de
vertidos contaminantes en todo el país. El uso intensivo de recursos casi
inexistentes como agua eleva este problema a una categoría de primer orden y
convierte la política hidrológica en una guerra entre promotores de suelo y un
engaño masivo a la ciudadanía.
Se promueven las grandes infraestructuras que posibilitan la
especulación del territorio (autopistas, trenes de alta velocidad, aeropuertos,
puertos), a menudo con subvenciones millonarias de la UE, mientras se
acrecienta un estado de precariedad generalizada en todas las
infraestructuras básicas y los servicios que el ciudadano necesita. En España
sobran infraestructuras de transporte.
España es uno de los países con más viviendas vacías y donde más
viviendas se construyen por habitante y sin embargo es también uno de los
países donde la vivienda es más inaccesible: desde 1997 los precios de la
vivienda se han duplicado; la espiral especulativa infla artificialmente el precio
de la vivienda hasta hacerla inaccesible para enormes sectores de la población
al tiempo que empeoran las condiciones de vida al saturarse las
infraestructuras y masificarse el territorio. El crecimiento propuesto no puede
justificarse en términos de demanda de viviendas ya que una parte
significativa de dicha demanda es puramente especulativa.
Al problema de la vivienda hay que añadir el drama humano de quienes
son desalojados por no poder pagar la hipoteca, un problema cada día mayor,
así como los abusos relacionados con expropiaciones forzosas y
recalificaciones, el mobbing inmobiliario, y de otros tipos. Podemos hablar
de millones de víctimas de los abusos urbanísticos en España.
El ciudadano es víctima sistemática de esta situación,
encontrándose en una posición de creciente precariedad ante los abusos
urbanísticos y las estafas. El comprador de viviendas se encuentra afectado
por una situación de estafa generalizada ya que, como demuestra el informe
de la Asociación de Usuarios Bancarios Ausbanc de 2005, el 98% de la
publicidad de la industria inmobiliaria es engañosa.
Los derechos ciudadanos a la participación en la planificación
territorial y urbanística son sistemáticamente lesionados al ponerse dificultades
de toda índole y promoverse un clima de desinformación generalizada en el
que la propia administración practica una demagogia desarrollista según la
cual este modelo insostenible y destructivo de crecimiento beneficiaría a todos,
lo que induce a que la gravedad de la cuestión no sea reconocida actualmente
por la sociedad.
Uno de los mayores problemas medioambientales:
El territorio está sometido desde hace décadas a un proceso de urbanización
salvaje que ha destruido enormes sectores de forma irreversible, en particular
la casi totalidad de la costa y el entorno de las grandes urbes, y cada vez más
otros sectores del interior. El Urbanismo desaforado es motor constante de
destrucción de especies vegetales y animales protegidas, así como de
yacimientos geológicos protegidos.
El actual crecimiento se caracteriza por una explotación intensiva del territorio,
recalificando enormes superficies de terreno para uso residencial, con un alto consumo
energético y con la proliferación de modelos insostenibles, como el campo de golf, que
conllevan un elevado consumo de recursos.
Por otro lado el consumo desmesurado de recursos pone al urbanismo
como principal causa del aumento de emisiones de CO2 en nuestro país, y
por lo tanto como principal contribuyente al cambio climático, con la
imposibilidad de controlar las emisiones a medio plazo si no se detiene
drásticamente el crecimiento.
Uno de los mayores problemas culturales:
Se están destruyendo valores y señas de identidad fundamentales de la
cultura: el paisaje, la cultura local y el entorno natural, que son remplazados por
el hormigón y el modelo estandarizado, insostenible y globalizado de una
cultura de masas ultraliberal basada en el beneficio económico cortoplacista.
El desarrollo urbanístico es acaso la mayor fuente expolio cultural de
España, al destruirse sistemáticamente yacimientos arqueológicos, edificios y
lugares de interés cultural, además de propio paisaje. El caso reciente de la
ciudad visigoda de Toledo es solo la punta del iceberg. En el Levante
Almeriense, por ejemplo, hay más de 500 yacimientos arqueológicos
amenazados por la construcción.
La asimilación total en una cultura globalizada y estandarizada tiene
como consecuencia el borrado de todos los aspectos significativos de la
cultura, empezando por ese patrimonio irrecuperable que es el natural y
paisajístico, pero también con el borrado de todas las formas de especificidad
cultural, con consecuencias como la pérdida de la soberanía alimentaria. La
realidad compleja del territorio se subsume violentamente en un modelo
estandarizado, importado del mercado anglosajón y estadounidense, que
genera enormes conflictos con la especificidad territorial, medioambiental,
social y cultural.
Uno de los mayores problemas económicos:
Al estar hipercentrada en el desarrollo urbanístico la economía española está
gravemente desequilibrada, con las consecuencias de un incremento de la
inflación, una reducción de la productividad, una detracción de capitales y
recursos humanos que deberían invertirse en otros sectores, con los riesgos
enormes del estallido definitivo y brusco de la burbuja inmobiliaria, del que
ahora estamos viendo acaso un anticipo, con la imposibilidad material de
alimentar la economía del país de esta fuente a largo plazo y con el crecimiento
desmesurado de la economía sumergida que representa, según el ministerio
de Hacienda, el 20% del PIB español, con el 26% de los billetes de 500€ de la
zona euro circulando en España. La década de crecimiento del mercado
inmobiliario español ha tirado del empleo y el consumo pero los expertos temen
que el mercado se encamine hacia un aterrizaje brusco que podría repercutir
en el resto de la economía nacional, el 20% de los cuatro millones de nuevos
puestos de trabajo que se han creado en el país han sido en el sector de la
construcción, que es uno de los más importantes en España ya que representa
más del 10% de la producción económica del país.
El desarrollo económico del país NO PUEDE justificarse de ningún modo en el
desarrollismo salvaje que está acabando con nuestro patrimonio y nuestros recursos. El
gobierno tiene la obligación inmediata de promover un modelo de desarrollo económico
radicalmente distinto, que no esté basado en el ladrillo.
La desaparición de la agricultura y la ganadería y de otras formas de industria y
comercio local, elimina las fuentes alternativas y la diversificación de la productividad, poniendo
el territorio únicamente al servicio de la especulación del suelo.
Se trata de un modelo de crecimiento que está afectando ya a la propia
industria turística: el informe de Exceltur de 2005 sobre el impacto del
desarrollo urbanístico en la industria turística demuestra que se trata de un
modelo devastador para el turismo de calidad, ya que destruye los valores del
territorio y fomenta una masificación sin precedentes.
Se está creando un modelo económico y productivo crecientemente
insostenible. España es el país del mundo con el mayor déficit en cuenta
corriente. Importamos mucho más de lo que exportamos y esto está generando
una deuda financiada por el momento por la enorme entrada de capitales
foráneos que acuden a España a la inversión inmobiliaria.
Por otro lado, como es sabido, España se está convirtiendo en uno de
los estados principales del mundo en lavado de dinero negro que se realiza a
través del negocio inmobiliario.
Por último, el desembarco de la inmobiliairas en el sector energético
puede plantear un grave problema de fuerte subida de tarifas para hacer frente
al endeudamiento adquirido.
La actual crisis económica española, y la que se está desarrollando
paralelamente en EEUU por razones similares, no puede servir para proteger
aun más el sector con medidas paliativas, sino que ha de ser el aviso para
la necesidad de un cambio inmediato y radical de modelo de crecimiento
económico.
Uno de los mayores problemas políticos:
Según el tribunal de cuentas una tercera parte de la financiación de los partidos
políticos es ilegal y procede principalmente de la especulación urbanística, esto
convierte a la cuestión urbanística en la cuestión que más amplia y
profundamente implica a todas las fuerzas políticas mayoritarias en la
corrupción. El estado de corrupción generalizada -ejemplificado en el
paradigma de Marbella- de las administraciones municipales y autonómicas,
así como de sectores del poder judicial, la banca y la industria inmobiliaria,
entre otros, encuentran en el urbanismo su principal o su único eje y representa
la mayor agresión que se ha producido a nuestra democracia, socavando
sus valores hasta límites inaceptables en un estado de derecho y planteando
un deterioro sin precedentes de las instituciones democráticas.
A su vez el arraigo sin precedentes de las mafias internacionales en
el territorio español es uno de los mayores desafíos políticos de la historia de la
democracia, en particular si tenemos en cuenta que según el Fiscal de la
Audiencia Provincial de Málaga existe un pacto entre sectores de la
administración y las mafias internacionales para que estas blanqueen
impunemente su dinero en España, con la condición, suspuestamente, de que
no cometan crímenes en nuestro territorio y colaboren en la lucha antiterrorista.
El modelo de crecimiento descrito es claramente anticonstitucional, al
promoverse la especulación desenfrenada del suelo, atentando
sistemáticamente contra el interés general, al tiempo que se dificulta al
ciudadano el acceso a una vivienda digna:
Artículo 47 de la Constitución Española: Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La causa de esta situación, única en el mundo, es:
1. Que desde el s.XIX en España, y cada vez más, la ley favorece la
especulación y desampara al ciudadano, habiendo creado un
estado de excepción en política urbanística único en el mundo,
donde, además, la falta de control y la opacidad alientan la
corrupción:
o plusvalias a los propietarios del suelo desde el S. XIX
o aprovechamiento futuro de suelo desde 1956
o convenios urbanísticos desde 1960
o ley de suelo del 98
o agentes urbanizadores desde el 2003 (etc., etc.)
2. Que en esta situación la ley desampara al ciudadano y al territorio:
o no se aplica, o es lenta, o es insuficiente.
3. Que a este estado de excepción han venido a refugiarse y
alimentarse: los fondos de inversión internacionales, las mafias, la
industria turístico-inmobiliaria de masas, la financiación ilegal de
partidos, entre otros, hipercentrando la economía del pais, generando
una situación de destrucción irreversible del territorio descontrolada y
desmesurada, sin parangón en el mundo.
4. Que en esta situación la administración ha promovido expresamente
y permitido un modelo territorial depredador, especulativo y
destructivo.
La Solución - ¿Qué es imprescindible para frenar la corrupción y la
especulación?:
No bastan medidas parciales ni parches a esta situación. Es necesario un
plan integral y drástico, un PACTO DE ESTADO, social y político, que
contemple en su totalidad las siguientes
85 MEDIDAS
CONTRA LA ESPECULACIÓN, LA CORRUPCIÓN,
LOS ABUSOS URBANÍSTICOS, LA DESTRUCCIÓN
TERRITORIAL Y POR UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO
repartidas en cuatro líneas de actuación esenciales:

1. Eliminar todas las figuras legales que favorecen la especulación
(convenio urbanístico, agente urbanizador, plusvalías a manos
privadas, etc.), fortalecer los mecanismos contra la
especulación y la corrupción y reducir el margen de
discrecionalidad de los planificadores.
2. Ley rápida y juicios rápidos contra los abusos urbanísticos y
medioambientales, sentencias ejemplares, protección frente a
los abusos urbanísticos y acceso a la vivienda digna.
3. Medidas drásticas para frenar el urbanismo salvaje: Moratoria
general en la recalificación (hasta que se ocupen los 3 millones
de viviendas vacías que hay), crecimiento cero para todos los
municipios que han crecido más del 10% en la última década,
limitar el crecimiento al 10% del suelo urbano actual por cada
década en los municipios que han crecido menos del 10% en la
ultima década; y retirada de competencias urbanísticas a los
ayuntamientos y autonomías que promuevan el urbanismo
salvaje.
4. Un nuevo modelo de desarrollo no basado en la construcción y
una nueva cultura de ordenación del territorio para España.
1. Eliminar todas las figuras legales que favorecen la especulación y
la corrupción y crear otras que la impidan o dificulten
expresamente, para ello el estado debe exigir a todas las comunidades
autónomas la trasformación de sus normativas o en su caso recuperar
las competencias necesarias para ello, si la comunidad autónoma no
accediera.
1. Las plusvalías de la recalificación del suelo deben ir a manos
públicas.
2. Eliminación de la figura del convenio urbanístico. Los derechos
y deberes de los distintos sujetos deben establecerse en la ley y
no en pactos y convenios.
3. Eliminación de la figura del agente urbanizador.
4. Eliminación la figura del aprovechamiento futuro de suelo.
5. La elaboración de una nueva ley que impida los abusos que
actualmente se cometen por vía de la expropiación forzosa.
6. La elaboración de una nueva ley de financiación municipal que
otorgue a los ayuntamientos nuevas fuentes de financiación.
7. La elaboración de una nueva ley de financiación de partidos
que regule la finanaciación ilegal y la proveniente de la
construcción y la especulación del suelo.
8. Obligación de someter a referendum los PGOUs.
9. Impedir los sistemas de urbanización de suelo que no sean
públicos.
10.Prohibición de Modificaciones Puntuales que tengan por
objeto reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables, o
recalificar suelos terciarios, industriales, de equipamientos, zonas
verdes... a usos residenciales.
11.Impuestos sobre viviendas vacías, que puede servir también
como financiación alternativa para los ayuntamientos.
12.Potenciación de las fiscalías anticorrupción y contra los
delitos medioambientales y urbanísticos con dedicación
exclusiva.
13.Crear juzgados provinciales especializados en este tipo de
delitos.
14.Mecanismos de vigilancia estatales y comisiones de
seguimiento.
15.Comisiones técnicas ajenas a cualquier signo político.
16.Potenciar los consejos autonómicos de urbanismo y los
Consejos de Ciudad.
17.Los informes del tribunal de cuentas deben ser vinculantes.
18.Hay que tipificar las reparcelaciones como delito urbanístico.
19.Recuperar, por parte de las comunidades autónomas, las
posibilidad de suspender las licencias urbanísticas, eliminada
por la sentencia 46/92 del tribunal constitucional por no estar
incluida en la ley de bases de régimen local.
20.La puesta en práctica rigurosa de las normativas relativas al
Patrimonio municipal de suelo.
21.Prohibir la venta y cesiones de suelo público.
22.Desarrollar nuevos mecanismos de control público desde el
Ministerio Fiscal.
23.Obligatoriedad de realizar una declaración anual de bienes de
los cargos electos y de libre designación de los Ayuntamientos,
si es que existen, y de sus familiares directos, con acceso público.
24.Compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya la
destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre
designación, que esté imputado, procesado o condenado por la
justicia.
25.Modificación legal para hacer responsable económico directo a
los cargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a
los técnicos que las informen favorablemente. Exigir el pago de
los gastos de su defensa a los cargos públicos que sean
condenados, al margen de sus responsabilidades penales.
26.Las elecciones municipales deben ser con listas abiertas e
independientes de partidos, constituidas por habitantes del
municipio.
27.Mecanismos para regular que la especulación del suelo se
produzca de forma masiva en manos de muy pocos propietarios
(por ejemplo, seis promotores son dueños de casi 200 millones de
metros cuadrados en Madrid).
28.Regular y restringir el papel de la banca en la especulación.
29.Desarrollar una cultura de la transparencia destinada a informar
al ciudadano de cada paso en la gestión del suelo, incluyendo
medidas como colocar pancartas en solares afectados.
30.Una transformación en la financiación europea que se destina a
menudo a grandes infraestructuras y proyectos que favorecen la
especulación del suelo y el desarrollo urbanístico insostenible,
mientras se descuidan sistemáticamente las infraestructuras
destinadas a mantener y mejorar la calidad de vida del ciudadano,
que se encuentra en una situación de precariedad creciente.
31.La puesta en práctica de soluciones urgentes para la proliferación
y el asentamiento de las mafias internacionales en España, que
conduzcan a su erradicación.
2. Reforzar y agilizar sustancialmente las leyes, que actualmente
desamparan al ciudadano y al territorio.
1. La creación de una ley rápida, como en el caso de la ley de
género, que permita la actuación ágil de la ley en los abusos
urbanísticos y medioambientales, tanto en la prevención como en
la penalización y paralización.
2. la creación de juicios rápidos, que permita la actuación ágil de la
ley en los abusos urbanísticos y medioambientales, tanto en la
prevención como en la penalización y paralización.
3. La aplicación de las leyes existentes destinadas al control del
desarrollo urbanístico, la defensa del medioambiente y la lucha
contra la especulación del suelo, que se vulneran
sistemáticamente,
4. la articulación de mecanismos legales que pongan en práctica
el artículo 47 de la constitución, persigan expresamente la
especulación, y garanticen el acceso a la vivienda digna.
5. Sentencias ejemplares en todos los casos abiertos en la
actualidad, actuando con celeridad en las demoliciones que
afectan a grandes proyectos de promotoras y con cautela ante
cualquier desalojo de individuos, dando compensaciones
adecuadas a los ocupantes de viviendas que hallan sido objeto
de una estafa inmobiliaria.
6. Reforzar y ampliar las fiscalías de urbanismo y medioambiente
y las de anticorrupción.
7. Un cambio de cultura en jueces y fiscales: estos deben trabajar
siempre y solo al servicio del interés general. Para ello se deben
elaborar mecanismos de control y prevención de los casos de
prevaricación.
8. Reforzar y ampliar los contingentes de guardia civil y las
medidas para detectar los fraudes, las construcciones
ilegales y otros tipos de delitos.
9. El cumplimiento riguroso de todas las directivas europeas de
medio ambiente.
10.La puesta en práctica de mecanismos de información y
participación ciudadana reales, la integración de la
Coordinadora y los otros organismos representantes de la
ciudadanía en los órganos consultivos de cada proceso de la
planificación territorial y la puesta en práctica de mecanismos de
denuncia efectivos de las infracciones administrativas en que la
administración incurre sistemáticamente lesionando el derecho
ciudadano a la participación.
11.Facilitar el ejercicio de la acción pública a las asociaciones
entre cuyos fines se encuentran la defensa de la legalidad, del
territorio y/o del medio natural, así como la exigencia de
responsabilidad a los miembros de dichos tribunales y fiscalías si
hicieran dejación de las funciones encomendadas.
12.Participación de los colectivos ciudadanos en plenos y consejos
territoriales
13.Desarrollar mecanismos para una democracia directa y
participativa que incentive la responsabilidad ciudadana.
14.Medidas contra el mobbing inmobiliario, que debe tipificarse
como delito.
15.Medidas contra clausulas abusivas de contratos de las
promotoras.
16.Alquiler forzoso de viviendas vacías.
17.Acceso a la vivienda por un 30% de la renta básica.
18.Aumento de la vivienda social y protegida, favoreciendo el
alquiler frente a la VPO.
19.Impedir los desalojos por no poder pagar hipotecas, y
despenalizar la ocupación.
20.Exigencia de que se cumplan las sentencias de recuperación
del entorno tras la demolición, y el realojo en el caso de personas
afectadas, y denunciar su incumplimiento.
21.Desarrollar mecanismos de defensa de los integrantes de
colectivos amenazados.
22.La articulación y puesta en práctica de normativas estrictas y
medidas de vigilancia contra la publicidad engañosa y la
publicidad ilegal, que obliguen a un seguimiento de cada
proyecto que se publicite en el mercado en el ámbito nacional,
internacional e internet y el endurecimiento de los procedimientos
de obtención de permisos para la colocación de vallas y
banderolas publicitarias.
3. Medidas urgentes para frenar la situación actual de destrucción
territorial y precariedad ciudadana:
1. Moratorias en las recalificaciones y en los distintos ámbitos de la
planificación urbanística. municipal y autonómica, en
particular donde no estén garantizados los recursos básicos como
el agua.
2. Moratorias en la construcción de campos de golf y resorts y
nuevas estaciones de esquí.
3. Crecimiento cero de nuevas viviendas en todas los municipios
que han experiementado un crecimiento superior al 10% del suelo
urbano en la última década, en todas las zonas saturadas o con
problemas de abastecimiento hídrico.
4. Crecimiento hacia adentro de las ciudades, utilizando el enorme
contingente de vivienda vacía y con una regeneración coherente
de los cascos urbanos que así lo necesiten.
5. Límitar el crecimiento al 10% del suelo urbano por cada
década en los municipios que han tenido desarrollo inferior al
10% en la última década y que manifiesten necesidad de
crecimiento justificado, no disponiendo de viviendas vacías.
escaso del suelo urbano en cada década y limitarlo en todo
caso al 10% de crecimiento vegetativo en la ultima década y
6. Limitar cualquier nuevo desarrollo a la construcción de
Parques Públicos de vivienda.
7. Los nuevos crecimientos urbanísticos justificados deben
realizarse como ampliación de los actuales núcleos urbanos,
recogiendo estrictamente la filosofía al respecto de las Directrices
Generales de Ordenación, prohibiendo las urbanizaciones
segregadas de los núcleos urbanos y evitando en todo caso el
desarrollo de grandes aglomeraciones urbanas.
8. Moratoria en el desarrollo de las infraestructuras de
transporte que sirven para preparar futuros desarrollo
urbanísticos masivos, (carreteras, autovías, puertos, aeropuertos
y trenes de alta velocidad).
9. Retirada de competencias urbanísticas como medida de
castigo y con el fin de imponer un control a aquellos
ayuntamientos y autonomías que promuevan un desarrollo
extremadamente insostenible y contrario al interés general.
10.Retirada total o parcial de las competencias sobre suelo que no
sea urbano a los Ayuntamientos.
11.Limitar las competencias municipales y autonómicas y
redefinir las competencias del estado en la ordenación del
territorio, recuperando este alguna capacidad de regulación ante
un desorden que afecta a todo el territorio y frente al que las
comunidades autónomas no están actuando.
12.La puesta en práctica inmediata de instrumentos efectivos de
ordenación territorial, en su mayoría inexistentes o insuficientes,
que deberían conllevar recortes masivos en la mayoría de los
desarrollos previstos por los Planes Generales de Ordenación
Urbana, los Planes Parciales y las modificaciones de Normas
Subsidiarias municipales.
13.Crear una agencia estatal que controle el desarrollo urbanístico y
la planificación territorial.
14.Reclasificación a no urbanizable de todo el suelo urbanizable
que no esté justificado completamente.
15.Expropiación y nacionalización o municipalización de suelo
urbanizable en zonas protegidas, o que no esté justificado.
16.Emisión de deuda pública para comprar suelo calificado
durante los últimos cinco años a precio de escritura pública y
garantizando un beneficio de un 10% anual.
17.Ampliación de los espacios naturales protegidos y creación
de franjas de amortiguamiento de al menos 5km donde no se
pueda construir y sí desarrollar actividades de ganadería.
18.Aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio Público
Marítimo Terrestre de los 100 metros mínimos que prescribe la
ley a los 500 metros, para blindar el frente litoral contra las
presiones especulativas, este aumento se podría realizar donde
no haya núcleos urbanos consolidados.
19.La ejecución efectiva de la ley de Montes.
20.Medidas drásticas protección del patrimonio natural y
paisajístico.
21.Medidas drásticas protección del patrimonio arqueológico y
cultural.
22.La restricción del uso de los recursos hídricos, prohibiendo el
riego de campos de golf con agua potable y desarrollando
informes estatales y autonómicos obligatorios sobre el
cumplimiento de la normativa de riego en los campos existentes.
23.Mayor control legal y administrativo sobre los vertidos derivados
de la construcción, demolición y obras públicas, especialmente
los que la legislación europea considera vertidos peligrosos.
4. Poner en práctica de forma inmediata alternativas económicas y
otros modelos de desarrollo que puedan estar plenamente operativos
en el plazo máximo de dos años.
1. La puesta en práctica de un modelo de desarrollo económico
no basado en la construcción y de un modelo de transición a
esas alternativas que permitan abandonar la construcción como
principal fuente de empleo precario y temporal y de “riqueza”
para unos pocos
2. La puesta en práctica de una nueva cultura del territorio que
respete y refuerce los valores sociales, medioambientales y
culturales del territorio español y cada una de sus partes, que
defienda y protejan expresamente los valores del territorio y su
complejidad como patrimonio esencial.
3. La puesta en práctica inmediata de instrumentos efectivos de
ordenación territorial, en su mayoría inexistentes o insuficientes,
y de un planeamiento estratégico, que debería conllevar
recortes masivos en la mayoría de los desarrollos previstos por
los Planes Generales de Ordenación Urbana, los Planes
Parciales y las modificaciones de Normas Subsidiarias
municipales.
4. Potenciación del suelo no urbanizable, protegido o rústico
como principal valor de nuestro territorio.
5. La puesta en práctica de planes de renovación drásticos de los
sistemas de saneamiento en todo el territorio o planes de
infraestructuras básicas de saneamiento, que subsanen los
déficits existentes.
6. La apuesta fuerte por la investigación y promoción de energías
renovables
7. La regulación de la movilidad motorizada.
8. La regulación de todas las fuentes de consumo intensivo de
recursos.
9. La puesta en marcha de planes de reforma de los núcleos
urbanos existentes, destinados a promover un adecuado modelo
social de ciudad, con abundantes zonas verdes públicas,
viviendas ecológicas, evitando grandes aglomeraciones, con
transporte público, adecuado saneamiento y servicios
básicos, ocupando las viviendas vacías y creciendo “hacia
adentro”.
Nada de esto se está promoviendo actualmente. Las medidas adoptadas
hasta ahora son tibias, totalmente insuficientes y no sirven para atajar la
situación. Denunciamos la demagogia desarrollista del PP, que lejos de
reconocer el problema quiere liberalizar más suelo, y la tibieza de las
actuaciones del PSOE y de otros partidos políticos, que reconociendo en
parte el problema no ponen en marcha las medidas necesarias. Denunciamos
también el silencio y la exclusión del debate sobre el territorio y la
corrupción, del debate político y la campaña electoral.
En la actual situación de crisis en el sector inmobiliario no pueden proponerse
medidas para ayudar a los promotores y frenar la caída del sector: HAY QUE
HACER UN CAMBIO RADICAL DE MODELO DE DESARROLLO.
Exigimos: el posicionamiento y pronunciamiento inmediato de todos
los partidos de cara a las elecciones generales y autonómicas del 9 de
Marzo sobre el problema de la especulación urbanística y las soluciones
aquí propuestas.
Las democracias sucumben por la corrupción.
¿Hasta cuando esta situación?...

Hacemos un
LLAMAMIENTO A TODOS LOS PARTIDOS POLÍTCOS
Y A TODA LA CIUDADANÍA
CONTRA LA ESPECULACIÓN Y
LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
EN DEFENSA DEL TERRITORIO
POR UNA VIVIENDA DIGNA
POR OTRO MODELO DE DESARROLLO
TODOS JUNTOS PODEMOS PARARLOS
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE
EL TERRITORIO NO SE VENDE
La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, creada el 1 de abril de 2006, es una entidad de ámbito estatal
integrada por más de 600 colectivos ciudadanos, ecologistas, vecinales, culturales y de otra índole, por personas, y por
otras coordinadoras de ámbito autonómico y provincial, de todo el estado español, con el objetivo de crear un nuevo
movimiento ciudadano con el espectro más amplio posible, basado en la convicción de que todos juntos podemos
parar esta locura. No forman parte de la CCDT partidos políticos, empresas ni sindicatos mayoritarios.

¿Qué hacemos?:
o crear redes de coordinación de miles de asociaciones en todo el estado
o movilizaciones, manifestaciones y actos de protesta
o denuncias por la vía administrativa y legal
o acciones de cara al parlamento europeo, el gobierno español y las autonomías
o campañas de información al ciudadano
o elaboración de informes
...y mucho más...
¡Únete a nosotros en las próximas campañas estatales!
¡Firma tu adhesión al manifiesto!
Contactos: e-mail: prensa@nosevende.org – Tel: 687 558 436 – www.nosevende.org